El peculado y el fraude al fisco: Un delito estructural contra la integridad del Estado

Resumen Ejecutivo:

Durante la última década, y con especial intensidad en el contexto de la pandemia de COVID-19, el delito de peculado y el fraude al fisco han experimentado un crecimiento sostenido a nivel internacional. Lejos de constituir hechos aislados, estas conductas se han integrado progresivamente a esquemas de criminalidad organizada, caracterizados por la cooptación de funcionarios públicos, la manipulación de procesos de contratación estatal y el uso de empresas ficticias para desviar recursos públicos. En Chile, diversos casos recientes, incluyendo fraudes financieros, irregularidades en convenios con fundaciones y condenas a funcionarios municipales, confirman que el fenómeno no es ajeno a la realidad nacional. El impacto de estos delitos trasciende el perjuicio económico: erosionan la confianza ciudadana, debilitan la legitimidad institucional y afectan la gobernanza democrática. Este Policy Brief analiza el problema desde una perspectiva histórica, criminológica y jurídico-institucional, identificando brechas estructurales y formulando recomendaciones estratégicas para fortalecer la prevención, detección y persecución penal del fraude contra el Estado.

Definición del Problema

El peculado y el fraude al fisco constituyen formas clásicas de corrupción pública. En términos jurídicos, se configuran cuando un funcionario público, en razón de su cargo, se apropia, distrae o permite el uso indebido de fondos, bienes o servicios estatales, ya sea en beneficio propio o de terceros. En su manifestación contemporánea, estos delitos presentan características que los vinculan directamente con el crimen organizado:

●      Redes de funcionarios públicos cooptados o infiltrados.

●      Uso de empresas de fachada o proveedores ficticios.

●      Licitaciones públicas manipuladas o dirigidas.

●      Sobrevaloración sistemática de bienes y servicios.

●      Cobros ilícitos a las empresas y proveedores en la adjudicación de bienes y servicios.

●      Fragmentación de contratos para eludir controles.

Estas prácticas afectan directamente los principios de probidad administrativa, transparencia, eficiencia del gasto público y libre competencia, pilares fundamentales del Estado de Derecho.

Contexto Histórico y Evolución del Delito

Desde una perspectiva criminológica e histórica, el fraude contra el erario es una conducta persistente en la organización política de las sociedades.

●      Antigüedad: Existen registros tempranos en el Antiguo Egipto (ca. 1100

a.C.), donde funcionarios públicos participaron en el saqueo de bienes estatales sin enfrentar sanciones efectivas, evidenciando debilidad institucional.

●      Roma Republicana: Tras la Segunda Guerra Púnica, los abusos de gobernadores provinciales motivaron la promulgación de la Lex Calpurnia (149 a.C.), que introdujo mecanismos de restitución y tribunales permanentes, aunque con un bajo efecto disuasivo.

●      Edad Media: El fraude contra los bienes del rey fue equiparado a la traición, con sanciones extremas, reflejando la identificación del patrimonio público con la figura del soberano.

●      Estado moderno: El delito se mantiene como una práctica recurrente en contextos de expansión administrativa, siendo sancionado con exilio, confiscación de bienes o pérdida de derechos civiles.

●      Chile: Con el Código Penal de 1874, el fraude al fisco se consagra como delito autónomo, estableciendo penas proporcionales al daño causado, criterio que se mantiene en el ordenamiento jurídico vigente.

Marco Jurídico Nacional

En Chile, el artículo 239 del Código Penal tipifica el fraude al fisco, sancionando al funcionario público que cause perjuicio económico al Estado, municipalidades u otros organismos públicos. Las penas varían según la gravedad de la conducta y el monto defraudado, pudiendo alcanzar penas privativas de libertad de larga duración. No obstante, la experiencia comparada demuestra que el aumento de penas, por sí solo, resulta insuficiente si no se acompaña de capacidades efectivas de detección temprana, investigación financiera y control administrativo.

Desafíos Actuales

●      Alta sofisticación de los esquemas delictivos, que superan los controles administrativos tradicionales.

●      Déficits en análisis preventivo de datos, especialmente en contratación pública.

●      Fragmentación institucional entre organismos fiscalizadores, persecutores y administrativos.

●      Baja percepción de riesgo entre potenciales infractores, debido a investigaciones tardías y condenas limitadas.

Recomendaciones de Política Pública

●      Fortalecimiento de capacidades especializadas: Crear y robustecer unidades técnico-financieras especializadas en fraude y corrupción dentro del Ministerio Público y organismos de control.

●      Prevención y detección temprana: Monitoreo sistemático de plataformas como ChileCompra e identificación de patrones anómalos de adjudicación.

●      Coordinación interinstitucional: Integración operativa entre fiscalías, contralorías, unidades de análisis financiero, servicios públicos y la Policía.

●      Enfoque criminológico estratégico: Tratar el fraude al fisco como un fenómeno de criminalidad organizada e incorporar análisis de redes y flujos financieros.

●      Cultura de probidad y transparencia: Fortalecer estándares éticos en la función pública y proteger efectivamente a los denunciantes.

Conclusión

El fraude al fisco y el peculado no son delitos coyunturales, sino amenazas estructurales e históricas contra la integridad del Estado. Su erradicación exige un enfoque integral que combine sanción penal efectiva, controles preventivos robustos e inteligencia financiera. Solo mediante instituciones sólidas, coordinación estratégica y voluntad política sostenida será posible contener un fenómeno que compromete la legitimidad democrática y la confianza ciudadana en el Estado.

Este Documento ha sido elaborado por el Centro de Investigación y Estudio del Crimen Organizado (CIESCO).